El Saco del Ogro

                   DE  ESPAÑA INVERTEBRADA

                   A ESPAÑA DESVERTEBRADA

        

          ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?

                                                

                                           Marco Tulio Cicerón

Felipe VI, Rey de España

He llegado a tiempo de Inglaterra para ver, a través de las magníficas imágenes que nos ha ofrecido la televisión, la proclamación de Felipe VI como Rey Constitucional de España. No he podido menos que recordar, con la añoranza que el pasado concede, la proclamación de su padre después del entierro de Franco, sucesos ambos que viví en directo desde las calles de Madrid. No me parece cierto que las circunstancias con las que se encontró el rey Juan Carlos a su llegada fueran peores a las que deberá afrontar ahora su hijo y heredero: hoy el pueblo español en su conjunto es, desde luego, mucho más libre, pero no me cabe duda que también es bastante más incivilizado. Por otra parte, entonces todo eran esperanzas que, podemos constatarlo, en buena parte han resultado fallidas a causa de que nos ha tocado padecer las consecuencias de la peor clase política que cabía esperar, de tal manera que, mayoritariamente, hoy nos sentimos no solamente estafados sino profundamente asqueados y hasta desesperanzados.

En líneas generales, me ha gustado, dentro de lo que cabe, el discurso del nuevo Rey y el toque de humanidad que hemos podido ver en el emocionado homenaje que ha dedicado a su madre, la reina Sofía, una figura siempre ejemplar y digna de la que, según parece, el rey Felipe ha heredado su carácter, tan alejado de la vulgaridad del de su padre, a la que, piadosamente, hemos preferido llamar “casticismo”. Personalmente, poco carisma he visto nunca en la persona de D. Juan Carlos, incapaz de pronunciar tres palabras seguidas bien dichas. Por el contrario, las cualidades ideales que los tratadistas han atribuido al "príncipe" las he visto mejor encarnadas en la reina Sofía, quien, aunque procedente de un país mediterráneo, lleva en su genética y en su carácter la impronta alemana. A la emotividad llorona borbónica y discontínua, prefiero el análisis racional de los hechos y la laboriosidad del trabajo bien hecho. Si, como parece ser, el rey Felipe ha salido a su madre, creo que todos saldremos ganando.

Los gestos populistas tienen su lugar, qué duda cabe, pero para desarrollar la difícil tarea que el nuevo monarca tiene por delante deberá echar mano de su magnífica preparación intelectual y de la inteligencia que no parece faltarle. En cualquier caso, nunca podrá hacer que llueva café, que es lo que, según parece, amplios sectores de la ciudadanía esperan de él, mientras que los profesionales de la algarada y de la descalificación permanente hacia la monarquía, que, ¡oh paradoja!, suelen nutrirse de las ubres de ese mismo Estado que pretenden destruir, recrudecerán sus ataques, porque creen que ha llegado su momento. El otoño va a ser terrible y como el PSOE se escore hacia la demagogia de Podemos, me temo que habremos de sortear borrascas y hasta ciclones. Y de don Rajoy no me fío ni lo más mínimo como capitán de la nave, pese a que Galicia sea la cuna de tantos buenos marinos.

Me ha gustado sobre todo la valentía personal que ha demostrado, a pesar de los evidentes riesgos, que el rey Felipe eligiera un coche descubierto para recorrer el largo trayecto que va desde el edificio del Congreso, en la Carrera de San Jerónimo, al Palacio de Oriente. Afortunadamente, una vez más, el pueblo de Madrid, punto de encuentro y espejo de las Españas, ha sabido estar a la altura de las circunstancias y con su numerosa presencia ha ratificado cívicamente la indudable legitimidad del nuevo monarca, a quien le deseo lo mejor, para bien de mí mismo y para bien de todos. Los representantes del republicanismo populista se han mostrado una vez más como lo que verdaderamente son: la vanguardia de una chusma que busca destruir lo poco o mucho que tenemos sin aportar como soluciones a los problemas que padecemos más que soflamas casposas, demagogia totalitaria, ruido y furia. Por eso, no nos cabe otra opción que la de apoyar y defender a quien desde hoy ocupa la Jefatura del Estado, ya que la Corona es el único símbolo visible de la unidad nacional que nos han dejado a los españoles la mala gestión de una clase política tan incompetente, cobarde y tribal que se ha mostrado incapaz durante casi cuatro décadas de consensuar una letra para el himno nacional, un caso tan simbólico como único en la Historia, hasta donde yo sé.

¿Qué buen vasallo si hubiese buen señor...!

Como ha escrito Santos Juliá, “nada se puede objetar a la legitimidad de una movilización por la República, pero no deja de suscitar cierta melancolía que a su cabeza se encuentren los herederos de quienes en los años sesenta del pasado siglo enseñaron a jóvenes desorientados que el problema no era Monarquía o República, sino democracia o dictadura. Hoy, como ya no hay dictadura, pero como volvemos a saborear el placer intelectual y el potencial movilizador de las claridades dicotómicas, el dilema vuelve a enunciarse, por quienes inventan una tradición republicana de la que se apropian ochenta y cuatro años después de haberla despreciado y combatido, como Monarquía o democracia. Con lo cual, limpios de polvo y paja, volvemos a 1930 sin que aquí haya pasado nada”.

En cuestiones políticas (y en casi todo lo demás) yo practico desde hace muchos años el decir de Machado, "la infinita inocencia que da no creer en nada. En nada". Como decía Ortega, "las ideas se tienen, en las creencias se está", sencillamente porque las primeras son productos del conocimiento reflexivo, mientras que "estar en la creencia" no implica para nada poseer algún tipo de saber susceptible de ser evaluado objetivamente o verificado. Por eso, sin entrar en el creer o no creer en la institución monárquica, considero que aquí y ahora es el mejor blindaje posible para intentar conjurar lo que se nos viene encima.

La razón última de la enfermedad desintegradora que sacude España es el mantenimiento a ultranza de un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por la nomenclatura de unos partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, con el poder judicial y con los organismos de control a su servicio. En España no opera en la práctica la separación de poderes, ni la independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los colocan en sus listas cerradas. Esta es la realidad que los partidos políticos se niegan a reconocer y que nos está conduciendo al mayor desastre nacional desde la Guerra Incivil y que la Constitución de 1978 consagró como modelo. Aquí está el germen destructivo del proceso dinámico que entonces se desencadenó: no poner un límite claro y preciso al proceso de descentralización que cristalizó en el llamado Estado de las Autonomías.

Me parece una realidad evidente, que este proceso centrífugo se convirtió muy pronto en un proceso de desintegración, ya que las minorías nacionalistas obtuvieron una parcela de representación y de poder muy superior al que por su cuantía numérica les hubiera correspondido, poder que utilizaron y siguen empleando para desarrollar políticas insolidarias y hasta belicistas con el resto del conjunto nacional. La peor manifestación de este movimiento centrífugo y uniformemente acelerado fue permitir la coexistencia de particularidades educativas que no buscaron otra cosa que afirmar personalidades tribales basadas en los particularismos étnicos, históricos, geográficos y culturales, con muy especial vocación para romper la natural unidad lingüística nacional, basada en los muchos siglos de utilización del español como lengua común y vertebradora de la nación española, así como de la cultura hispánica, una de las pocas que merece en los tratados de Historia el título de universal.

La clase política en su conjunto y los poderes del Estado han preferido soslayar este problema y apostar por su propio y privilegiado mantenimiento de casta dominante, usufructuaria de un poder llamado “democrático”, pero que dejó de serlo desde el mismo momento en que se dedicó a crear más desigualdad y desorden que a fortalecer las estructuras comunes y a resolver los problemas reales de unos súbditos a los que se les llama “ciudadanos” por el mero hecho de votar a cada cuatro años entre galgos y podencos, al fin y al cabo, perros de muy parecida naturaleza y actitud: ocupar la totalidad del poder. Y en esas estamos. Para ellos ya no se trata de construir España como nación, sino apoderarse de las “Españas” dispersas en los feudos territoriales, esos reinos de taifas que permanentemente desafían la autoridad del Estado a lo largo y ancho de nuestra geografía peninsular. Hasta llegar al órdago en toda regla que Artur Mas lidera desde la Generalidad de Cataluña, la estrategia común, envolvente como la de las arañas, se ha cifrado más en acosar al Estado por vías indirectas que en el ataque directo, en controlar (como sea y con quien sea) las Autonomías, para desde ellas vaciar de contenido el poder del Estado central, aunque eso suponga la disolución de España como referente de nación o sociedad vertebrada dentro de la Unión Europea.

Después de todo lo dicho, cabe afirmar que plantear ahora como perentorio el falso debate entre Monarquía o República es una maniobra más para desestabilizar al Estado nacional (adjetivo de uso prohibido en la España actual) y provocar su desmoronamiento a través de algaradas callejeras, tal como ocurrió en España a partir de 1931. El mito de las libertades republicanas se lo cargó la propia República el mismo día de su proclamación, cuando su primera decisión fue la de aprobar, con la resistencia de Indalecio Prieto, una Ley de Defensa de la República con carácter de urgencia, refrendada por el Congreso el día 20 de octubre. De este modo, la Constitución republicana nacía ya amputada por una ley arbitraria que vigilaba las libertades en ella estipuladas y que fue la norma jurídica por la que se regirá el país hasta la aprobación de la Constitución de 1931, en la que se reconocían las libertades públicas, pero a continuación se concedía al Gobierno “plenos poderes” para suspenderlas sin intervención judicial, “si la salud de la República, a juicio del Gobierno, lo reclama”.

Así pues, el gobierno republicano no estableció un régimen de libertad general ni de lejos parecido al que hoy disfrutamos con nuestra monarquía, como lo prueba el análisis de las limitaciones al derecho de reunión hacia las diferentes opciones políticas, de forma que los grupos conservadores de signo monárquico y sectores de la izquierda, tales como anarquistas y comunistas, tuvieron serias restricciones para ejercerlo. En esa línea, se toleraron, y no siempre, las reuniones en locales cerrados, quedando prohibido su ejercicio en lugares públicos. Por ejemplo, una manifestación que se organizó a la salida de una reunión que el Partido Comunista de España celebró el 1º de mayo en San Sebastián, fue disuelta contundentemente por la fuerza pública, produciéndose numerosos heridos.

Más significativo aún de cómo iba a abordar el nuevo Gobierno el orden público y la libertad de prensa fue lo que ocurrió en torno a los sucesos que se produjeron en San Sebastián el 28 de mayo. Aquel día unos huelguistas de Pasajes que se dirigían a San Sebastián fueron bloqueados por la Guardia Civil en el puente de Miracruz. Ante la negativa de aquéllos a disolverse, los guardias civiles comenzaron a disparar ocasionado la muerte a ocho personas y más de cincuenta heridos. Ante la magnitud del hecho, el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, reunió a todos los directores de periódicos para recordarles “que se hallaban frente a un ministro que disponía de plenos poderes en materia de orden público” (dos semanas antes ya había decretado la suspensión temporal del diario monárquico ABC y del diario católico El Debate, a raíz de los hechos conocidos como la “quema de conventos" para acallar las voces críticas, información que a quien le interese puede ampliar pulsando aquí.

Miguel Maura

Queda puntualizar que estas arbitrariedades tan notorias estaban amparadas legalmente por el artículo 1º de la Ley de Defensa de la República, que en sus apartados establecía y enumeraba una larga serie de conductas que se consideraban “actos de agresión a la República” entre las que se encontraban la “incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la autoridad” y “la incitación a la comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedad, por motivos religiosos, políticos o sociales”. Asimismo se consideraban actos de agresión a la República “la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público”, “toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones del Estado”, “la apología del régimen monárquico… y el uso del emblema, insignias o distintivos alusivos”, “la suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante”, “las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación,... las declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación”, es decir, las huelgas declaradas por motivaciones políticas de manera declarada o encubierta.

De lo dicho se desprende fácilmente que, con las leyes republicanas en la mano, la mayor parte de los actos y manifestaciones convocadas en la España de hoy por los sindicatos, okupas, grupos antisistema de diverso pelaje, partidos independentistas, Izquierda Plural, Podemos y otras agrupaciones de similares características serían ilegales de pleno derecho, incluyendo el hecho innegable de que Artur Mas hace tiempo que habría sido detenido, procesado y condenado por la vulneración flagrante y reiterada del ordenamiento jurídico constitucional, tal como hicieron las autoridades republicanas con Lluís Companys, cuando intentó aprovechar el desbarajuste revolucionario que se materializó en la revolución de Asturias para ponerse al frente de los descontentos y canalizar la situación hacia la independencia de Cataluña, algo que dos años antes había intentado su antecesor en el cargo, Francesc Macià.

Lluis Companys

En la tarde del día 6 de octubre de 1934, en medio de una gran agitación popular, el presidente de la Generalidad proclamó “el Estado catalán dentro de la República Federal Española”. Luego, él y su gobierno, se atrincheraron en el Palacio de la Generalidad. Manuel Azaña, que en aquellos momentos estaba en una especie de medio retiro político, se encontraba en Barcelona y el gobierno de la Generalidad se puso en contacto con él solicitando su apoyo moral, que Azaña le negó.

Manuel Azaña

Proclamación en Barcelona del Estado Catalán

Después de su discurso, Companys comunicó sus propósitos al Capitán General de Cataluña y General en Jefe de la IV División Orgánica, con sede en Barcelona, el general Domingo Batet, catalán de ideas moderadas, pidiéndole que se pusiera a sus órdenes "para servir a la República Federal que acabo de proclamar". El general pidió a Enrique Pérez Farrás, jefe de los Mossos d'Esquadra, que se presentara en la Capitanía para ponerse a sus órdenes. Éste le respondió que solo obedecería al presidente de la Generalidad. Batet habló entonces con el presidente del Consejo de Ministros, Lerroux y, siguiendo sus órdenes, proclamó el Estado de Guerra, aplicando la republicana Ley de Orden Público de 1933.

Tropas de la Cuarta División Orgánica ante la Generalidad de Barcelona

El general republicano Domingo Batet

Ese anochecer se construyeron barricadas, se distribuyeron grupos armados por las calles que prepararon los edificios oficiales para la resistencia. La Generalidad fue defendida por un centenar de mossos d'esquadra dirigidos por Pérez Farrás; la Alianza Obrera ocupó el local de Fomento del Trabajo Nacional, en la Vía Layetana, con unos cuatrocientos hombres, número similar a los partidarios del PSOE que se concentraron en la Casa del Pueblo de la calle Nou de Sant Francesc. También se prepararon grupos armados con fusiles en los locales de La Falç, Nosaltres Sols y el CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria) en la Rambla de Santa Mónica. Cerca de las once, una compañía de infantería y una batería del regimiento de artillería llegaron a la Rambla de Santa Mónica y cuando el capitán se dispuso a leer el bando de proclamación del Estado de Guerra, desde el local del CADCI empezaron a disparar, resultando muertos un sargento y heridos otros siete militares. Batet ordenó entonces el bombardeo de artillería sobre el centro, resultando muertos Jaume Compte, Manuel González Alba y Amadeu Bardina, dirigentes del Partit Català Proletari. Sus compañeros se rindieron a la una y media de la madrugada del día 7 de octubre.

Manuel Portela Valladares, Gobernador  de Cataluña
después de que el Estatuto fuera suspendido 

Como era de esperar, en Cataluña fue suspendido el Estatuto y nombrado un gobernador militar, el coronel Jiménez Arenas, hecho valorado como una humillación por dirigentes del catalanismo de izquierdas, e incluso por los hombres de la Lliga Catalana, que esperaban recibir la administración del Estatuto tras el derrumbe del gobierno de la Generalidad. Para suavizar el régimen militar impuesto a Cataluña, el coronel Jiménez Arenas no tardó en ser sustituido por el político Manuel Portela Valladares, nombrado Gobernador General, que asumió las funciones del presidente de la Generalidad y de su consejo ejecutivo, mientras se incoaba el procesamiento penal contra Companys y sus colaboradores que no huyeron a Francia. Companys fue inmediatamente detenido junto con el gobierno catalán en pleno y encarcelado en el buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona, que fue requisado para ser utilizado como prisión. Companys y sus consejeros permanecieron recluidos en el Uruguay hasta el 7 de enero de 1935, cuando fueron trasladados a la cárcel Modelo de Madrid para ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales. El 6 de junio de 1935, Companys y los miembros de su gobierno fueron condenados a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta y perpetua. Posteriormente, Companys y los consejeros Comorera y Lluhí fueron trasladados al penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), en tanto que el resto de consejeros eran internados en la cárcel de Cartagena, en donde permanecieron hasta que el gobierno del Frente Popular les concedió la amnistía el 21 de febrero de 1936.

Lluis Companys con su hijo y algunos de sus colaboradores en la Cárcel Modelo de Madrid

Esta es la verdad histórica sin adulterar por esa memoria histérica hoy dominante que solamente proclaman los ignorantes, malintencionados e idiotas de baba que pululan en este Reino de España, vociferantes defensores del derecho a opinar sobre todo lo que no tienen ni puñetera idea, pasando por que la Tierra pueda ser plana, redonda o paralepipédica. De frenopático, vamos.

Lo que eufemísticamente se ha venido designando como “plan plural” consiste en presentarse como solución a un problema que la clase política ha generado para su propio y exclusivo beneficio. El plan Ibarreche se ofreció en su momento como solución a ETA y a su “violencia”. El plan Rovira-Maragall-Montilla, como solución al inexistente clamor popular de más autogobierno y más catalanismo. El plan Zapatero, en fin, como solución al PP y a su aislamiento, a la derechización, a la crispación generada oponía los buenos deseos de paz y el buen rollito, el inmovilismo episcopal lo ligaba al extremismo de una derecha que ni siquiera existe en España, porque mueve a la risa llamar extremista a Rajoy, un pactista por naturaleza con todo lo habido y por haber. Finalmente, el plan de Mas, compendio de todos los anteriores, es, que nadie se engañe, la secesión pura y simple de Cataluña a través de la declaración unilateral de independencia. Ortega se preguntaba: ¿De qué se duele España? ¿Quién se queja? ¿Quiénes se proponen como sus salvadores? Los mismos que la hieren y ofenden”. Sí, pero, ¿quiénes son? El filósofo los señaló con rotundidad ya en el año 1921: “Unos cuantos hombres, movidos por codicias económicas, por soberbias personales, por envidias más o menos privadas, van ejecutando deliberadamente esta faena de despedazamiento nacional, que sin ellos y su caprichosa labor no existiría”.

D. José Ortega y Gasset

DE LA ESPAÑA INVERTEBRADA

http://elsacodelogro.blogspot.com.es/2012/04/de-la-espana-invertebrada-no-he-de.html

Aunque no hay trazas de que vaya a suceder, los políticos deberían acabar con el gigantesco equívoco del artículo 2º. de la Constitución, por el que se impuso a la nación española que asumiera la existencia de nacionalidades y regiones, lo que, en la práctica, ha terminado convirtiendo a España en un Estado plurinacional que, encima, no reconoce de hecho la soberanía de la nación española. La redacción de dicho artículo se ha convertido en “un semillero de problemas” como advirtió muy sensatamente el senador constituyente Julián Marías cuando se discutía el texto constitucional. Casi cuatro décadas después hay que proclamar y reconocer que el insigne filósofo tenía razón cuando dijo gravemente: “Anuncio desde este momento que se crearán graves problemas si se acepta el término nacionalidades, con ventaja para nadie”.

El filósofo D. Julián Marías

Habiendo empezado a descomponerse por la cabeza, como el pescado, el pudrimiento del Sistema abarca ya la cola, una larga cola de apestados entre los que, pese al linchamiento mediático, el yerno del Rey es apenas una gota en el inmenso océano de la corrupción en el que zozobra la nave del Estado, sin necesidad de que los independentismos catalán y vasco le den la puntilla apuntando sus torpedos a la misma línea de flotación, precisamente en unos tiempos en que a la crisis devastadora que ha desmoralizado a nuestra sociedad se ha sumado el desprestigio de sus instituciones nacionales y el debilitamiento de la credibilidad efectiva que las sustenta.

La amenaza es interna y la solución ha de depender de nosotros mismos, aunque la falta de liderazgo del Gobierno, pese a una mayoría absoluta que no volverá a repetirse, me parece lo más preocupante. La presión europea podrá afectar a las decisiones económicas pero el colapso político de las instituciones hay que resolverlo desde dentro mediante un compromiso de regeneración urgente que no se vislumbra por ningún sitio porque la casta dirigente vive ensimismada en los problemas que ella misma ha ido creando y, lo que es peor, acumulando, a lo largo de las últimas décadas, acentuados por los dos catastróficos mandatos de Rodríguez Zapatero, uno de los peores gobernantes de nuestra Historia Contemporánea.

El dilema que se nos presenta es muy sencillo de plantear: O el sistema político se regenera sitiando el delito político o éste hace fenecer el régimen constitucional, provocando una situación de emergencia similar a la que condujo a Ortega a su aldabonazo político “Delenda est Monarchia” y a proclamar en 1930: “Somos nosotros y no el Régimen mismo; nosotros gentes de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe: ¡Reconstruidlo!."

Que el Reino de los Cielos no sea de este mundo no quiere decir que los españoles tengamos que convertirlo en el Infierno, que parece ser la inclinación de esa horda de bárbaros que rebuznan y se ponen a dar coces si los llamas "españoles". Más todavía que de políticos, España está necesitada de buenos psiquiatras. Y, por supuesto, para los que se desmanden, de legiones romanas. ¡O tempora o mores...!